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Saúl Cruz/Senado de la República
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El Espectador.com y Senado

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Congreso suspendió a subsecretario Saúl Cruz por incidente con Noticias Uno

Sin embargo dos motivos mantienen en vilo la decisión: el funcionario está de vacaciones y la Procuraduría pidió investigar el caso y deja sin poder al Legislativo.

El Congreso de la República decidió suspender por tres meses al subsecretario Saúl Cruz por el incidente ocurrido el pasado 1 de junio cuando en medio de una plenaria pidió la palabra para manifestar que había sido agredido por un camarógrafo de Noticias Uno, cuando en realidad las cámaras de seguridad muestran que fue un hecho simulado por él mismo. 

En documento de 50 páginas conocido por El Espectador, el Grupo de Control Interno Disciplinario de la División Jurídica del Senado recolectó todas las pruebas del caso entre testimonios y videos, y éstas conllevaron a que el Legislativo tomara la decisión de suspender a Cruz mientras sigue el curso de la investigación en su contra. 

Sin embargo, señala El Espectador, la suspensión quedó sin potestad temporalmente por dos motivos: 

1) Cruz había solicitado vacaciones y estas coincidieron con el episodio de Noticias Uno, por lo que la suspensión no procede ya que no se le puede suspender estando de vacaciones. Indica así El Espectador que Cruz está en Cancún tomando si descanso. 

2) La Procuraduría General de la Nación adoptó el poder preferente para adentrarse en “cuando ocurren este tipo de episodios, quedan abiertos dos procesos paralelos y, en este caso, el Congreso estaba obligado a informar al Ministerio Público lo sucedido en el recinto de la plenaria, para que decidiera asumir su facultades sancionatorias contra funcionarios del Estado”. 

De esta forma, la decisión del Congreso que  ordena “la Suspensión Provisional del señor Saúl Cruz Bonilla, en su condición de Subsecretario General del Senado de la República, por el término de tres (3) meses sin derecho a remuneración” se queda estancada ante la falta de Cruz de “proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o contra las personas que intervienen en los mismos”, según consideró el Parlamento y como lo dice  el artículo 35 de la ley 734 de 2002.